Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia

87 rrolló el gobierno de EEUU ante la oposición del Congreso y de la opinión pública a nuevos protectorados como los establecidos en Cuba y Panamá (Rosenberg, 1999: 41 y 60). En esa línea, durante la administración de William Howard Taft (1909-1913), que basó su política exterior en la “diplomacia del dólar” con la finalidad de promover la expansión de los intere- ses financieros estadounidenses, se establecieron controles fiscales sobre Nicaragua y Haití en base a la experiencia dominicana. Esta administración promovió el otorgamiento de empréstitos, en los que participaron tres actores: el Departamento de Estado como abierto promotor, los banqueros y grupos de técnicos financieros. El proceso nicaragüense se inicia en 1909 tras la renuncia del Presidente nacionalista, José Santos Zelaya, prácticamente forza- do a tomar esa medida por la presencia de cañoneras estadouni- denses en la costa Atlántica, que apoyaban la sublevación del blo- que conservador. Zelaya adoptó una serie de medidas contrarias al interés estadounidense, como la propuesta de que las empresas mineras y bananeras estadounidenses paguen impuestos; el con- trol de las tierras de la iglesia; la contratación de empréstitos con casas bancarias y empresas europeas; la oposición a la concesión de tierras para establecer bases; la firma de un nuevo tratado ca- nalero y la ejecución de dos ciudadanos estadounidenses por par- ticipar en una rebelión (Selser, 2010a: 170-174). Con apoyo estadounidense, primero José Estrada y luego Adol- fo Díaz -contador de una empresa de administración de energía eléctrica norteamericana de la que era accionista el Secretario de Estado, Philander Knox- asumieron la presidencia. Durante estos gobiernos se firmaron los “Pactos Dawson” (1910) que definie- ron la concesión de empréstitos que deberían ser saldados bajo la garantía de los ingresos de las aduanas. Para este cometido el Departamento de Estado organizó a los banqueros Brown Bro- thers & Co. y J. and W. Seligman & Co. para que envíen expertos financieros a Nicaragua. Dichos pactos se tradujeron en el Convenio Knox-Castrillo, a partir del cual el Departamento de Estado impuso un primer