Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia

191 exportaciones de minerales estañíferas de cualquier tipo y mientras la cotización no exceda de $us. 0.75 la libra fina, se hará al Banco Central por los exportadores al cambio de Bs. 60 por dólar y en la proporción del 100% del valor neto, con el fin de atender las necesi- dades ordinarias del país establecidas en el Presupuesto Nacional de Divisas”. En síntesis, el Estado requería divisas (dólares) urgentemen- te para atender las necesidades de importación de bienes básicos y otros requerimientos vitales para el país, por lo que estableció que los dólares provenientes de la exportación de estaño debían ser entrega- dos al Estado, a un tipo de cambio predeterminado. Pues bien, un memorándum de conversación (confidencial) del Secretario de Estado Asistente para Asuntos Interamericanos de EEUU, Edward G. Miller, del 23 de agosto de 1950, relata una conversación que éste sostuvo con Paul Linz, asistente del Dr. Mau- ricio Hochschild, de la South American Minerals and Merchandise Corporation (uno de los tres “barones del estaño” de Bolivia), en relación a los “efectos nocivos” del citado Decreto Supremo. Este documento constituye una suerte de “memorial de que- jas” en el cual, el representante de la gran minería boliviana califi- ca el citado decreto gubernamental como una “medida confisca- toria”, afirmando que la minería no podrá continuar operaciones al mismo nivel y, mucho menos, expandir la producción como estaba previsto por el incremento del precio de los minerales. En lo que toca a los intereses empresariales propiamente estadouni- denses, Linz informa que su compañía ha suspendido los planes que tenía para desarro- llar las minas de Bolsa Negra y Matilde, esta última en sociedad con la American Smelting and Refining Company y el Export-Import Bank, que había mostrado inte- rés en la propuesta. Este memorán- dum concluye con un gesto diplomático de Miller hacia el represen- tante de la compañía minera: “Le dije al Sr. Linz que discutiríamos este problema con el embajador de Bolivia en La Paz, tal vez sugi- riéndole que un retraso en la promulgación del decreto como ley sería recomen- dable para ganar tiempo para un mayor análisis...”.