Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia

158 peligros inherentes en el procedimiento de arbitraje en ausencia de agotamiento de los recursos previstos por la legislación bolivia- na, especialmente en vista de la cláusula Calvo en el contrato de concesión (...). [En ese sentido,] es el juicio de este Departamento, que con el fin de proteger los derechos de la compañía, esta debe tomar medidas inmediatas para presentar su caso a la Corte Su- prema de Bolivia (...). Obedeciendo la decisión (presión) del Departamento de Es- tado, la Standard presentó su caso a la Corte de Justicia el 21 de marzo de 1938, evitando de esta manera que el Gobierno boli- viano pueda alegar que se presentaron recursos en el ámbito de la justicia nacional, según el criterio del Ministro de EEUU en Bolivia, Robert Caldwell. A partir de 1939, la crisis económica boliviana (déficit fiscal y depreciación monetaria) y el inicio de la Segunda Guerra Mun- dial fueron los dos elementos que condicionaron el rumbo de las negociaciones entre el Estado boliviano y la Standard Oil. La cri- sis, iniciada en 1937, se agudizó en 1939 producto del descenso de la cotización internacional del estaño por efecto de la guerra en Euro- pa. En este contexto, el gobierno de Germán Busch, que adoptó una postura conciliadora orientada a zanjar el diferendo con la Standard, se acercó al gobierno de EEUU con la finalidad de acceder a ayuda económica. Así lo demuestra una nota oficial enviada el 25 de enero de 1939 al Secretario de Estado, Cordell Hull, por el Ministro de EEUU en Bolivia, Robert. G. Caldwell. A través de aquella Hull indicó que tenía: ...el honor de informar que desde su llegada a La Paz, el Dr. Luis Fernando Guachalla, Ministro de Bolivia en Washington, no ha ocultado el hecho de que él cree que una solución equitativa de la controversia pendiente entre el Gobierno de Bolivia y la Standard Oil Company es altamente deseable desde el punto de vista del crédito boliviano... Antes de conocerse el fallo de la Corte Suprema de Justicia, el Departamento de Estado, a través de un telegrama del 3 de febrero