Un siglo de intervención de EEUU en Bolivia

149 tuvo el objetivo de condicionar el derecho que tenía el gobier- no mexicano a la expropiación, debiendo este indemnizar a las empresas bajo los tres principios propuestos, a sabiendas que su cumplimiento era difícil. En suma, lo que quiso EEUU fue obli- gar a Cárdenas a restablecer las propiedades petroleras. Asimismo, el Departamento de Estado hizo enérgicas repre- sentaciones diplomáticas mediante las cuales denunció la expro- piación, buscó la anulación del proceso y propuso el arbitraje in- ternacional, solicitud que fue rechazada por México arguyendo que al ser la disputa un asunto interno debía solucionarse en los tribunales de este país. Por su parte, la coerción económica se tradujo en la suspen- sión temporal de la compra de plata -principal materia prima de exportación- así como de la ayuda económica durante el diferen- do y en el boicot que organizaron las transnacionales, a las que se sumó después del Departamento de Estado para evitar que Mé- xico pudiera exportar su petróleo o accediera a insumos para esta industria. En relación con esto, cuando el Gobierno de EEUU estableció las cuotas de compra de petróleo, México fue excluido. Por efecto de estas presiones, el Gobierno mexicano terminó ven- diendo su petróleo a países como Alemania e Italia, a un precio más bajo para hacerlo atractivo. Siguiendo con las transnacionales petroleras, desde 1938 estas desarrollaron una agresiva campaña de propaganda a través de editoriales, artículos, entrevistas y conferencias con los que preten- dieron y lograron cambiar la percepción de ciertos grupos de la sociedad civil estadounidense. La finalidad de esta iniciativa fue po- sicionar la idea de que la expropiación no solo afectaba los intereses de las petroleras sino del conjunto de EEUU, que México no era un país seguro para invertir y que el Presidente Cárdenas estaba deteriorando la economía de su país (Meyer, 1966: 142). Otra de las acciones de propaganda antimexicana fue la realizada en 1940 por la Standard Oil asegurando que no aceptaría la valuación rea- lizada por aquel país ya que no consideraba el valor del subsuelo, uno de los principales puntos de desacuerdo (Selser, 2010a: 646).